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| Según la CNDH, entre 2007 y 2012 recibió 7 mil 350 denuncias de abusos militares Foto: Cuartoscuro |
¿Quién nos va a contestar?
OPINIÓN INVITADA / Consuelo Morales
31 Oct. 2014
La semana pasada el Gobierno estatal anunció la creación de una Policía Militar para la Cuarta Región Militar, que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
La información la dio el Secretario de Finanzas tras sostener una reunión con los Alcaldes metropolitanos.
Al día de hoy sabemos que habrá una inversión de 420 millones de pesos que aportarán los Gobiernos de esos Estados, empresarios, municipios de Nuevo León y la Sedena.
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| Datos de El Norte (22 de octubre, 2014). |
También sabemos que en noviembre inicia la construcción de un nuevo cuartel en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, en Escobedo, donde estarán los 3 mil 200 militares que componen esta unidad.
Al hacer el anuncio, las autoridades explicaron que la Policía Militar es un nuevo esquema que se implementará en el Estado consistente en el despliegue de elementos de instrucción militar, pero bajo un modelo de Policía civil con atribuciones para operar en todo el territorio nacional, hacer patrullajes y realizar detenciones.
La "explicación" que estos actores han dado con respecto a la instauración de esta Policía Militar es que servirá para reforzar la seguridad en estas entidades, especialmente en Nuevo León, argumento que desde nuestra perspectiva resulta contradictorio.
¿Por qué contradictorio? El Gobierno estatal ha presumido por todas partes su esquema de seguridad y su modelo policial de Fuerza Civil.
Tan sólo cinco días después de que se hizo el anuncio, en la Junta Nacional de Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública, donde se analizó la posibilidad de aplicar el modelo de Fuerza Civil en todo el País, el Gobernador Rodrigo Medina los llamó a no escatimar en esfuerzos ni dinero para fortalecer las corporaciones policiales.
Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, afirmó ante medios de comunicación que la Policía Militar es una iniciativa de la Sedena, que es una estrategia nacional y que decidieron tomar como primer caso Nuevo León.
¿Por qué Nuevo León? ¿Por qué necesitamos seguridad militar si desde el año pasado el Gobierno estatal afirma que Nuevo León ha regresado a ser el lugar seguro que era antes?
La explicación de que la Policía Militar se debe a un reforzamiento en la seguridad nos parece absolutamente insatisfactoria.
Por otro lado, no podemos perder de vista las recomendaciones que organismos internacionales han dado a México sobre la militarización.
El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias -todas éstas instancias de Naciones Unidas- y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a los derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las calles.
Es una falacia que más militares en las calles resulten en más seguridad.
Entre más analizamos este tema, más interrogantes surgen.
Por ejemplo ¿en qué modelo de seguridad se van a basar para asegurar que el esquema de la Policía Militar se apegue al respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los ciudadanos?
¿Qué entrenamiento especial tendrá esta Policía Militar para proteger e interactuar con las y los ciudadanos? ¿Cuáles serán sus funciones generales y específicas? ¿Bajo qué marco legal actuarán? Tenemos muchas dudas.
Es imperativo que los y las ciudadanas reflexionemos profundamente sobre el impacto que esta Policía Militar tendrá en nuestro Estado.
Nos parece increíble que este proyecto tan delicado se esté tomando, desde nuestro punto de vista, tan a la ligera por las autoridades.
Explicaciones así, epidérmicas y simplistas, nos parecen insuficientes.
Si nosotros, la sociedad civil, no hacemos estas preguntas, entonces ¿quién las hará?
La autora es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC).
direccion@cadhac.org
Editorial publicado en el periódico El Norte el 31 de octubre de 2014.
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