Lo más inexplicable del caso no es que
el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos queretana, Miguel Nava Alvarado, haya sido
señalado múltiples veces desde el inicio de su gestión por manejo inadecuado de
dinero público, negligencia en la investigación de casos, falta de
transparencia y maltrato al interior de la dependencia que preside. Esa
historia ya la conocemos, los medios locales la tienen documentada.
Tampoco es nuevo que cada vez que una
irregularidad se ventila pida entrevistas, convoque a los medios y
dirija mensajes señalando supuestos responsables de sus males. Ya ha acusado a
la Entidad Superior de Fiscalización de no buscar con tanto empeño
irregularidades en otras dependencias públicas (como si eso hiciera menos
ciertas o menos graves sus faltas), a los medios de comunicación de querer
desprestigiarlo y a sus ex empleados de mentir para perjudicarle. Esta vez los
culpables que eligió son el Poder Ejecutivo del Estado y la Legislatura por
querer hacerle un “proceso viciado” para poner un defensor “a modo”. Hasta aquí
es un caso típico.
Lo que sale del canon, es la manera en
la que en esta ocasión ha intentado desacreditar a las personas, colectivos y
organizaciones que le denuncian. Hasta ahora, Nava se había cuidado de no
hacerlo directamente, porque sabe que explicación no pedida es culpabilidad
manifiesta. Se había limitado a criminalizar de manera indirecta a los
denunciantes, con mensajes a través de las cuentas personales de sus allegados y
de uno que otro simpatizante.
Pero conforme avanza el tiempo para la
deliberación de su reelección, aparecen cada vez manifestaciones más directas
hacia algunas de las mujeres cuyas denuncias son públicas. Ciberataques que
difícilmente pueden venir de otra parte, pues frente a denuncias tan
específicas, ¿quién, además del denunciado, tendría interés en insultar a las
víctimas? Llamativamente, muchas de estas manifestaciones se han hecho desde
las cuentas personales de los empleados de la Defensoría y con material audio
visual que sale de la propia institución. Esto es grave. No solamente por la
utilización de recursos públicos para fines diversos a los debidos; sino
porque, de ser ciertas las acusaciones, estaríamos hablando de estigmatización,
revictimización y acoso de personas, hecha por servidores públicos nada más y
nada menos que desde el organismo creado para velar por los derechos humanos;
es decir, el uso del aparato estatal para dañar a particulares y
manipular información de interés público.
Llama la atención, y mucho, el empeño
con el que el propio Nava y sus allegados intentan a toda costa invalidar las
denuncias. Como si fuera más importante limpiar su imagen que dar resultados.
Como ignorando que si el trabajo del titular de la Defensoría de Derechos
Humanos fuera contundentemente bueno, no tendrían que hacer toda una campaña
para demostrarlo. ¿Cuándo se ha visto que Peña y Nuño, el mismo Duarte, o sus
gabinetes, abran peticiones de Change.org a favor de ser exonerados? Estos son
personajes que provocan la animadversión de millones y no se desgastan tanto
tratando de desmentirles. ¿Por qué empecinarse en unas cuantas denuncias en
este caso?
La defensa de su inocencia y de su
desempeño como servidor público se ve tan forzada que, ya de entrada, levanta
sospechas; pero responder una a una a las víctimas de casos tan diversos con
infografías, con ruedas de prensa y con acciones que ameritan el empleo de
recursos públicos, eso es lo inédito. ¿Por qué tantas explicaciones que no
suenan a explicaciones sino a acusaciones? Una de las hoy denunciantes ya
fue demandada penalmente por la Defensoría y el juez concluyó el expediente
luego de advertir inexistencia de delito y uso indebido de instancias penales
para perseguir particulares. Aun así se afana en desacreditarla. ¿Por qué? En
el México de Mireles, de Jacinta, de Mario Luna y de tantos defensores
criminalizados, la pregunta no puede quedar abierta. La insistencia en
desacreditar a las víctimas no es un asunto banal.
Con cada intento de réplica, el todavía
titular de la Defensoría se evidencia más. Pero más allá de lo burdo de sus
respuestas mediáticas y virtuales, la insistencia en exponer a sus víctimas, una y otra vez, incluso a aquellas
que ni siquiera han hecho denuncias, hace preguntarse ¿qué es tan importante
ocultar para hacer uso del poder del Estado en aras de deslegitimar las
denuncias? Pero sobre todo, distrae la atención de los cabos que han ido
quedando sueltos en este caso.
¿Cuáles son los verdaderos resultados
de la Defensoría y cuántos de éstos fueron hechos por ex empleados que hoy son
perseguidos? ¿Por qué no hay suficiente personal debidamente capacitado al
frente de la Coordinación de Atención a Víctimas? ¿Qué acciones jurídicas se
han realizado a partir de las observaciones de la Entidad Superior
Fiscalizadora? ¿Cuáles son los dos medios de comunicación locales que
reciben chayo de la Defensoría? ¿Quiénes son los empleados de la Defensoría
afiliados a la asociación Querétaro Democrático y Ciudadano que este año
intentó registrarse como partido político? ¿Qué funciones desempeñan en el
organismo público y cuánto ganan? ¿A dónde se ha ido el dinero que Nava no ha
comprobado? ¿Cuándo se va a hacer una auditoría externa? ¿Cuál es el perfil del
recién nombrado Visitador General de la Defensoría? ¿Cómo se atan los cabos
sueltos del caso Nava Alvarado? Todas las preguntas son líneas de investigación para el
periodismo que la ciudadanía verdaderamente merece.
*Yuriria Pérez es activista y académica del Tecnológico de Monterrey Querétaro
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Al menos 404 personas han firmado la petición en línea "No a la reelección del actual titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro" dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Junta de Concertación de Queréraro y la LVIII Legislatura de Querétaro, a través de la cual se exige:
- Realizar una auditoría inmediata respecto del ejercicio de recursos públicos otorgados a la Defensoría.
- Investigar de manera urgente las condiciones de trabajo de su personal.
- Ser efectiva representante de la ciudadanía y de sus demandas de no reelegir al actual titular de la Defensoría, pues hacerlo es un riesgo para todas las personas en el Estado.
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