- Exigen al Congreso de la Unión detener la aprobación de la Ley, ya que ésta legalizará el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública
- Exhortan las y los legisladores a escuchar a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realizar un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.
El mes pasado-el 14 de febrero para ser exactos-, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia, dieron a conocer en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual busca dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país
El exhorto urgente de las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia al Congreso de la Unión es que detenga de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
La Ley de Seguridad Interior, explicaron, representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Por esta razón, aseguran, resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.
El retiro gradual de las tropas
Académicos y representantes de las organizaciones civiles recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. En ese entonces, la CIDH consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. De la misma manera, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.
Inconstitucionalidad
Otro aspecto que se señaló en la rueda de prensa es que legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos.
"Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional".Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, las organizaciones y representantes de la Academia exigen al Congreso de la Unión que detenga la aprobación de la Ley.
"Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones".Señalaron que la evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares.
"Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la 'guerra contra el narcotráfico' en México". (Informe Mundial HRW 2017).
Específicamente respecto a los abusos militares y la impunidad, Humans Righs Watch señala en su Informe Mundial 2017 sobre México:
"México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Hasta julio, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares".Las organizaciones e integrantes de la academia insistieron en la necesidad latente de que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.
En la rueda de prensa estuvieron presentes: Denise Dresser, politóloga y escritora; Tania Reneaum Panszi, Amnistía Internacional México; José Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Alejandro Madrazo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; Pablo Girault, Consejero de México Unido Contra la delincuencia; Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia; Luis Fernando Fernández, Colectivo #seguridadnomilitarizada; Mario Patrón, Centro ProDH; y Santiago Aguirre, Centro ProDH.
Algunas opiniones de especialistas, activistas y defensores de derechos humanos en la prensa:
¿Militares recluidos en cuarteles o interviniendo las calles sin restricciones? - Maite Azuela en Sin Embargo
"La prisa por entregarles un marco jurídico a las fuerzas armadas no es un asunto menor. A la víspera de la construcción de una Fiscalía General de la República en puerta, la presión para la aprobación de la propuesta del Diputado César Camacho del PRI para la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, no es casualidad. Sobra decir que sus contenidos ensanchan aún más la estrategia de seguridad que ha demostrado ser fallida. Si los estados de emergencia normalmente vulneran los derechos fundamentales y debilitan la división de poderes, este proyecto de Ley no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción".
¿Ley de seguridad interna? - Alejandro Anaya en La Silla Rota
"¿Realmente no hay de otra? Parte del problema es que, precisamente, no lo sabemos. Si estoy en lo correcto (es decir, si realmente no estamos seguros de que “no hay de otra”), entonces estaríamos tomando una opción en extremo riesgosa con base en un supuesto. Peligro. Antes de pensar en legislar, discutamos si realmente no hay opciones. ¿Qué pasaría si a partir de mañana regresan las Fuerzas Armadas a sus cuarteles? ¿Realmente estados, municipios, regiones o el país entero caerían de la noche a la mañana en las garras de la delincuencia organizada? ¿Sería realmente el fin del mundo como lo conocemos? ¿Qué no sería volver a como estábamos, digamos, en noviembre del 2006? ¿Era realmente peor entonces? ¿Qué pasaría por otro lado si, de súbito el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales se enfrentan cara a cara con la urgente necesidad de ahora sí construir instituciones? ¿Y qué pasará si les seguimos dando aire y tiempo para no hacer nada? No estoy seguro de que un transitorio que establezca límites de tiempo realmente elimine los incentivos perversos que en éste último sentido ha tenido este tipo de subsidiariedad en materia de seguridad pública en México".
"Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por 'resistencia no agresiva', ¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?".Seguridad interior y víctimas - Miguel Concha en La Jornada
"A 10 años del inicio de la escalada de la violencia, ahora epidémica, así denuncian las víctimas la ausencia de autoridad y estado de derecho en el actual contexto de macrocriminalidad. Mientras, expertos comentan la más reciente, pero recurrente queja, del secretario de la Defensa: urge un marco jurídico a las fuerzas armadas para seguir siendo los policías que no quieren ser. El argumento más inquietante, pues pareciera que piden una ley de obediencia debida, se refiere a que, si no los regulan, se les podrá imputar responsabilidad por las violaciones a derechos humanos que han cometido en la ilegalidad con que actúan. Serviciales y veloces, derrotados en sus obligaciones constitucionales y sometidos a su propia incapacidad, los representantes de las autoridades civiles, lastimosamente legisladores federales, se aprestaron a prometer a los militares la regulación de la seguridad interior, eufemismo más mentado de seguridad pública, para con ello legalizar la violación y desnaturalización de los artículos constitucionales 21, 29, 129 y 89, fracción VI, referida a la seguridad nacional, que no se atreven a reformar".Seguridad Interior: ¿México bajo espionaje militar? - Por Carlos Brito y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en Animal Político
"...es indispensable que en caso de expedirse una Ley de Seguridad Interior, se elimine cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia para la atención de amenazas a la seguridad interior. Además, cualquier medida de vigilancia que lleve a cabo alguna autoridad civil debe estar regulada de conformidad con estándares de derechos humanos como la autorización judicial que evalúe su necesidad y proporcionalidad, así como contar con mecanismos de rendición de cuentas como la transparencia, la supervisión independiente y el derecho de notificación".
¿Seguridad Interior para quién? - Edgar Cortez para Somos más 99
"Creo que el debate tendría que colocarse en otras coordenadas. No aprobar ninguna ley de seguridad interior. Sí establecer un plan preciso y medible de desarrollo de policías civiles profesionales, establecimiento de sanciones a las autoridades ejecutivas que no cumplan con esa tarea. Mientras que para atender a las problemas extraordinarios de seguridad y violencia, se tendría que aprobar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para declarar afectación y suspensión de derechos, con fuertes medidas de control".
"La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho".
"13) Si todos repiten que la prioridad es eventualmente ceder la protección de civiles a la Policía, ¿por qué la Ley de Seguridad Interior propuesta no toca el tema de cómo fortalecerla, limpiarla, entrenarla? ¿Por qué no se contemplan vías para que las Fuerzas Armadas sean accesorias a las fuerzas civiles y no al revés?"
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