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La nueva Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro / Opinión


por Zuleyma Ramos Valdéz*
12 de julio de 2017

A cinco meses de la toma de protesta de la nueva comisionada de los derechos humanos queretana, la ciudadanía sigue esperando rendición de cuentas y justicia por los casos de violencia acontecidos al interior de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro entre febrero de 2012 y diciembre de 2016.

Apenas en febrero de este año la LVIII Legislatura del Estado negó casi por unanimidad la ratificación del anterior titular, entre otros motivos, por carecer de un plan de trabajo convincente, por omitir la expedición de un reglamento interior, además de haber sido reiteradamente señalado por frentes ciudadanos, organizaciones civiles y trabajadores de la propia institución por violencia laboral, abuso de autoridad y negligencia en la atención de casos.

Al contender por el puesto de ombudsman, Berenice Sánchez Rubio, quien fuera titular del Órgano Interno de Control durante el mandato de Nava, reconoció públicamente que en efecto se habían cometido violaciones a derechos humanos al interior de la Defensoría. Por su parte, Roxana Ávalos, actual titular del Organismo declaró haber detectado a su llegada irregularidades administrativas que ameritaron el inicio de una auditoría externa cuyos resultados todavía no se han dado a conocer a la ciudadanía. También informó que previo a su salida el anterior mandatario realizó movimientos que afectaron los estados financieros, tales como el aumento injustificado y repentino de salarios y la contratación de personas sin función clara para la institución.



La Entidad Superior Fiscalizadora del Estado también advirtió sobre el mal uso de recursos públicos durante la gestión anterior, incluidos la no comprobación de gastos, pagos indebidos, falta de registros contables y la erogación de viáticos excesivos. Durante la anterior administración se especuló sobre la vinculación de los recursos faltantes con la creación de un partido político, situación que no se ha investigado, y según la página de transparencia de la institución los gastos por viáticos durante el mes de diciembre de 2016 ascienden a más de doscientos mil pesos.

A la fecha la nueva titular no ha rendido cuentas respecto del uso indebido de recursos públicos ni de las vejaciones a derechos humanos cometidas por su predecesor. Se sabe que al inicio de su gestión fueron legalmente finiquitadas 21 personas, entre ellas personal cercano al ex ombudsman que participó en la coacción, persecución y criminalización de sus antiguos colegas. Se sabe también que la recontratación de tres ex trabajadoras que demandaron laboralmente a la institución tras haber sido víctimas de violencia psicológica, acoso y despidos injustificados. Sin embargo se desconoce qué ha pasado con el resto de denunciantes, cuántos servidores públicos han sido sancionados, ni el motivo por el cual muchos de los vinculados con conductas irregulares continúan formando parte del personal de confianza.

Recientemente Emilio Álvarez Icaza criticó públicamente a las Comisiones de derechos humanos por trabajar “para argumentar y defender los por qués de su no actuación en vez de argumentar y defender la importancia y su necesaria actuación en casos de violaciones a derechos humanos”. La ciudadanía tiene preguntas que aes importante que responda la nueva Defensoría, no como defensora del puesto sino del pueblo al que sirve. ¿Dónde se pueden consultar los registros contables y el reglamento de los que carecía la anterior administración?, ¿cuántas y cuáles observaciones se realizaron en el proceso de entrega-recepción?, ¿se han revisado y modificado a los proveedores indebidamente favorecidos por la anterior administración?, ¿en qué se invierte el ahorro de 764 mil 463 pesos mensuales que significó el despido de 21 personas a principios del año?, ¿qué ha pasado con el fondo etiquetado para indemnizaciones?

Porque negar es ser cómplice y olvidar sería abonar a la impunidad, no quitamos el dedo del renglón. Exigimos a la Defensoría de Derechos Humanos rendición de cuentas ya.


*Socióloga y defensora de derechos humanos. Cofundadora de la Colectiva Red Cihuame



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