Publica DFensor "Arraigo: insostenible herramienta de justicia penal"

La entrega más reciente de Dfensor, el órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, trata la problemática de la figura del arraigo, un mecanismo jurídico que en el 2008 fue introducido a la Constitución mexicana con el supuesto fin de investigar a presuntos delincuentes, por lo que se priva de la libertad a personas sopechosas de pertenecer al crimen organizado. El problema es que esta "herramienta" de procuración de justicia es una forma de detención arbitraria, que viola derechos humanos como la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

Te compartirmos un extracto del editorial y te invitamos a leer la revista completa.

Arraigo: insostenible herramienta de justicia penal


Desde la perspectiva de los derechos humanos, la libertad es un valor supremo que debe prevalecer en una sociedad democrática que tenga un sistema de justicia penal eficaz para investigar y sancionar los delitos, y procure siempre la reinserción social de quienes los cometen. En esencia este es el espíritu que guió en 2008 la reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia en México. Dicho espíritu se desvanece cada día.


La viabilidad de este proyecto ha sido rebasada por una estrategia sexenal de seguridad que, bajo el argumento de combatir la delincuencia organizada en un contexto de disfunción estructural de nuestro sistema de investigación y procuración de justicia, privilegia el enfoque de “peligrosidad” mediante la aplicación del arraigo que, pese a estar constitucionalmente reconocido, es un instrumento de detención arbitraria en la fase de investigación en contra de quien sea sólo por el hecho de existir sobre la persona la “sospecha” –sin pruebas sólidas– de que haya cometido un delito.


En consecuencia, el abuso por parte de las autoridades en la utilización de este tipo de penas precondenatorias carentes de controles de legalidad coloca a las personas en un limbo jurídico afectando su proyecto de vida y el de sus familias, violando gravemente los derechos a la libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso las coloca como víctimas sistemáticas de tortura y otros tratos crueles,inhumanos y degradantes.

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