Esperan ciudadanos se dicte por fin sentencia en el caso La Pastora

“El estadio Bancomer BBVA es un monumento al uso privado de lo público, a la corrupción corporativa y al despojo ambiental y esto será asentado, tarde o temprano, mediante sentencia judicial”

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Integrantes del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora se encuentran esperando que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dicte en los próximos días su sentencia sobre el juicio de nulidad promovido por los ciudadanos en septiembre de 2011. La demanda, que ha tardado cuatro años en supuestas diligencias periciales, cobra relevancia nacional toda vez que los once magistrados que conforman este cuerpo colegiado, tienen suficiente evidencia para declarar ilegal a todo el proceso que promovió la corporación FEMSA y los gobiernos municipal, estatal y federal, al otorgar los permisos, así como a la Legislatura LXXII del Congreso de Nuevo León, al otorgar en concesión por sesenta años, el espacio público a la empresa.

Ángel Tovalín, Claudio Tapia y Cicpactli Camero (de izq. a der.), integrantes del Colectivo Ciudadano
en Defensa de La Pastora, anunciaron en septiembre de 2011 acciones legales contra la Semarnat
por la aprobación de la MIA-P del "Estadio de Fútbol de Monterrey". Foto: Realidad Expuesta.

El caso, que primero fue atraído por la Sala Especializada del Tribunal, integrada por tres magistrados peritos en materia ambiental, luego fue turnado, por su importancia y trascendencia, al Pleno de la Sala Superior de dicho tribunal.  Por la complejidad política y económica del caso, éste escaló hasta el máximo órgano del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la Ciudad de México.

Al recibir notificación del cierre de instrucción, es decir, al anunciar el Tribunal estar listo para dictar sentencia, el cuerpo de abogados del Colectivo solicitó una cita con la Secretaría de Estudio y Cuenta del Magistrado Carlos Mena Adamé, a cargo de la Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castillo, quien atendió en días pasados a los abogados.

En esta cita, los abogados subrayaron los aspectos legales de mayor relevancia del caso y presentaron un alegato sobre la trascendencia política y ambiental del caso. Esto quedó resumido en el memorándum que presentaron.

Con esto, las y los defensores del caso apuestan a que la transformación política que el País precisa, sea impulsada también y especialmente desde el Poder Judicial. La pérdida de la antigua área natural estatal La Pastora, explican, cobra relevancia en un contexto de contingencia ecológica local y nacional. La violencia ambiental puede ser efectivamente visibilizada en este caso a partir de los acuerdos ilegales y de la negligencia con que fueron evaluados los “daños ambientales” hoy consumados.

Para Ximena Peredo, una de las integrantes del Colectivo, el caso La Pastora, además, evidencia el poder descomunal que ejercen ciertas corporaciones sobre las dependencias públicas, que terminan sirviendo como gestores de proyectos privados. Por lo anterior, explica Peredo, el caso ofrece un enorme potencial reivindicativo que vincula la injusticia social a la ambiental.

“El estadio Bancomer BBVA es un monumento al uso privado de lo público, a la corrupción corporativa y al despojo ambiental y esto será asentado, tarde o temprano, mediante sentencia judicial”, confía Ximena Peredo, integrante del Colectivo.

Peredo, reconocida escritora y activista regiomontana, considera que aunque la demanda se presentó a tiempo, antes de que comenzara la remoción del suelo vegetal, en septiembre de 2011, al día de hoy, cuatro años después, el estadio inaugurado materializa el estatus deplorable de la impartición de justicia en México. Sin embargo, dice que en el Colectivo están convencidos de que el Tribunal no tiene posibilidad de exonerar a los responsables de dicho despojo, por lo que siguen esperando la sentencia, confiados en los aprendizajes que con ésta llegarán.

“Aunque nos duele no haber podido evitar la destrucción del hábitat con mayor biodiversidad de la metrópoli, estamos convencidos de que el caso tiene un enorme potencial para hacernos madurar” explica Ximena Peredo, integrante del Colectivo.

A continuación, presentamos un texto del abogado titular del caso, Claudio Tapia, quien explica el estatus del caso y nos comparte su experiencia de la semana pasada cuando, junto a otros dos colegas, visitó a la Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castillo, quien evidenció un temerario desconocimiento del caso.

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LA SENTENCIA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR DEFENSORES  DE LA PASTORA, ESTÁ POR LLEGAR. 

Los tribunales no deben ser, por celo mal entendido,

resorte del gobierno ni auxiliadores de una política

dada, sino espejo de la conciencia nacional y brazo

impasible y firme de la justicia.

Cornelio Tácito (Año 55-120). 

El siervo que supo interpretar y expresar los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón, en la víspera de la instalación del Congreso de Chilpancingo en septiembre de1813, manifestó su propósito de “que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario...”. Han transcurrido 202 años y no hemos sido capaces de convertir el sueño de Morelos en realidad. La impartición de justicia en materia administrativa en nuestro país es tarea parcialmente cumplida. Las víctimas de las arbitrariedades de un gobierno maridado con el poder económico empresarial carecen de un tribunal al que acercarse en condiciones de igualdad para que resuelva los problemas que surgen del abuso del poder.  

El ciudadano afectado y la comunidad violentada por la arbitrariedad de sus gobernantes están desprotegidos porque las instituciones e instancias creadas para defenderlo están del lado de los que detentan el poder, al menos en los casos importantes. 

Por supuesto que no me refiero a todos los tribunales administrativos ni a todos los magistrados. No se vale generalizar. Y no es el caso. Pero en asuntos como el de La Pastora - en el que el tercero interesado es nada menos que FEMSA – cuando las víctimas de los actos de autoridad ordenados desde “arriba” recurren a los tribunales para pedir que se haga justicia y aportan pruebas que demuestran que les asiste la razón de fondo - es decir, que evidencian sin lugar a dudas que la actuación de la autoridad fue ilegal – se topan con algunos impartidores de justicia que inician de inmediato una desesperada búsqueda de errores de forma para validar en su sentencia la arbitrariedad de fondo.  

Lo que escribo viene a cuento porque eso fue lo que sentí en la reciente reunión celebrada con la licenciada Rosa Guadalupe Olivares Castilla, secretaria de estudio y cuenta del magistrado Carlos Mena Adamé, quién elaborará, conforme a instrucciones de su superior, el proyecto de sentencia en el juicio de nulidad contra la resolución de la Delegación Estatal de la SEMARNAT que autorizó por orden superior la manifestación de impacto ambiental (MIA) que permitió el ecocidio en La Pastora y la construcción del estadio macro-cantina propiedad de la cervecera. En este mes, el juicio cumple cuatro años desde su inicio. Esperaron a que el estadio estuviera terminado. Justicia pronta y expedita como manda la Constitución. 

Pero cuando se presentan demandas debidamente fundadas y suficientemente sustentadas - elaboradas con cuidado para no cometer errores de forma que sirvan de pretexto para no resolver el fondo – sólo queda esperar el pronunciamiento del Tribunal que declare la nulidad lisa y llana del acto impugnado: la autorización de la MIA. De esa suerte, quedará establecido para todos los efectos legales que el despojo de un bien público, el ecocidio de un bosque y un río, y la construcción del estadio con sus vías de acceso, se llevaron a cabo con base en la ilegalidad. Y a enfrentar las consecuencias de sus arbitrarios actos señores gobernantes y empresarios. 

A fin de cuentas, el pronunciamiento del magistrado ponente - que se negó a escuchar a los abogados que ingenuamente abrigábamos la esperanza de que las palabras del cura de Carácuaro le fueran conocidas – implícito en la actitud de su secretaria, no deja de ser una opinión que la mayoría de magistrados puede cambiar. Son once los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal y nos proponemos hablar con quienes quieran escucharnos. 

Esperemos la tan ansiada sentencia. Ya veremos. 

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En septiembre de 2011 Realidad Expuesta cubrió el anuncio del juicio contra la aprobación de la Delegación de Semarnat en Nuevo León de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del "Estadio de Fútbol Monterrey". Aquí puedes ver una parte de lo que se dijo en la rueda de prensa.

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''En esta entrevista, el abogado Claudio Tapia habla sobre la conservación del bosque de La Pastora y el activismo en Monterrey.

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