La militarización en Nuevo León va ganando terreno de manera acelerada.
Este día el (des)gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, anunció cambios a su inoperante gabinete. El nombramiento más preocupante es el del General Jaime Castañeda Bravo como nuevo Secretario de Seguridad, sustituyendo a Luis Carlos Treviño Berchelmann (antiguo exprocurador). Tan bien está haciendo su trabajo Medina que este nuevo secretario es el tercero en lo que va de la administración.
Precisamente el mismo día del nombramiento de un militar en un cargo que debe ser dirigido por un civil, la organización Human Rights Watch emite un comunicado en el que lanza una alerta sobre la ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey
"En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina".
El organismo internacional demanda al ministerio público estatal y federal aplicar de manera urgente medidas para juzgar a los culpables.
Sin embargo, se ve difícil obtener justicia para esos asesinatos y muchos más que no son reportados, si en el Ejecutivo federal se defiende a capa y espada la "guerra" contra el narco, que involucra al Ejército y la Marina, y en el Ejecutivo estatal se privilegia a un militar por encima de un civil para encabezar la principal dependencia de seguridad estatal.
Es altamente cuestionable que ante el aumento de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de efectivos de el Ejército o la Marina, el gobierno estatal involucre a las fuerzas castrences en tareas de seguridad pública.
Pero parece ser que la presencia del Ejército en Nuevo León va para largo, como lo indica el anuncio de la Semarnat en diciembre pasado sobre el ingreso de documentos de la Sedena para obtener el permiso ambiental para la construcción de una base militar en el municipio de Galeana, al sur del estado.
La cuestión es tal como señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch: "La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado. Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia".
Este día el (des)gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, anunció cambios a su inoperante gabinete. El nombramiento más preocupante es el del General Jaime Castañeda Bravo como nuevo Secretario de Seguridad, sustituyendo a Luis Carlos Treviño Berchelmann (antiguo exprocurador). Tan bien está haciendo su trabajo Medina que este nuevo secretario es el tercero en lo que va de la administración.
Precisamente el mismo día del nombramiento de un militar en un cargo que debe ser dirigido por un civil, la organización Human Rights Watch emite un comunicado en el que lanza una alerta sobre la ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey
"En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina".
El organismo internacional demanda al ministerio público estatal y federal aplicar de manera urgente medidas para juzgar a los culpables.
Sin embargo, se ve difícil obtener justicia para esos asesinatos y muchos más que no son reportados, si en el Ejecutivo federal se defiende a capa y espada la "guerra" contra el narco, que involucra al Ejército y la Marina, y en el Ejecutivo estatal se privilegia a un militar por encima de un civil para encabezar la principal dependencia de seguridad estatal.
Es altamente cuestionable que ante el aumento de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de efectivos de el Ejército o la Marina, el gobierno estatal involucre a las fuerzas castrences en tareas de seguridad pública.
Pero parece ser que la presencia del Ejército en Nuevo León va para largo, como lo indica el anuncio de la Semarnat en diciembre pasado sobre el ingreso de documentos de la Sedena para obtener el permiso ambiental para la construcción de una base militar en el municipio de Galeana, al sur del estado.
La cuestión es tal como señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch: "La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado. Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia".
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