Cuestionan ONG de NL violación a derechos humanos con empadronamiento de trabajadorxs del hogar en San Pedro Garza García

• En una carta dirigida al Congreso local, organizaciones de la sociedad civil neolonesa se suman a la crítica contra el empadronamiento de trabajadores y trabajadoras del hogar que promueve el alcalde sampetrino, debido a las violaciones a derechos humanos que esta medida implica.

• En lugar de medidas coercitivas, las organizaciones firmantes proponen crear una legislación en materia laboral que procure a lxs trabajadorxs condiciones dignas de trabajo y que se extiendan contratos laborales en donde se estipulen derechos y obligaciones de las partes involucradas.

• La auténtica seguridad ciudadana, explican al Alcalde Mauricio Fernández, no es posible sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas.

A continuación puedes leer toda la carta que firmaron 19 organizaciones ciudadanas.



C.Diputada Josefina Villarreal González
Presidenta de la Mesa Directiva de la
LXX Legislatura
H. Congreso del Estado de Nuevo León

CCP: C. Diputada María de Jesús Huerta Rea

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos

Las organizaciones que suscribimos este comunicado deseamos manifestar unánimemente nuestra postura ante la iniciativa del C. Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García “De ti y por ti”, que pretende empadronar a las personas que se dedican al empleo doméstico, bajo el supuesto de disminuir así los indices delictivos en ese municipio, gesto que implícitamente los estigmatiza bajo un ánima criminal y es por eso mismo claramente discriminatorio, anticonstitucional y transgresor lo mismo de los derechos humanos y labores de esas personas que de sus garantías ahí donde éstas precisan que todas las personas tenemos derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a trabajar sin contar con permiso especial alguno.

Nota de El Porvenir anunciadno el inicio del registro.
Lee la nota en http://goo.gl/F0ViM.

Basar la solicitud de empadronamiento en el supuesto de que los robos a casas habitación son cometidos por los y las trabajadoras del hogar, es una generalización que criminaliza a priori a esta población, violando el principio de presunción de inocencia y potenciando el que se cometan abusos de autoridad. La situación será proclive a aumentar la ya de por sí alta discriminación que se padece en ese municipio y en el estado, como revela la más reciente consulta de la CONAPRED, que posiciona a Nuevo León como el estado con mayor
discriminación en el país. En ese sentido, el sesgo clasista de la tentativa de Fernández Garza contribuye penosamente a enfatizar la brecha social cuando divide de antemano a la propia sociedad que compone su municipio en presuntos culpables (a unos) y (a otros) en víctimas potenciales: actitud paranoica y maniquea que linda con principios fascistas y polariza a su ciudadanía en extremos desiguales.

A contrapunto, proponemos que ahí donde se busca imponer medidas coercitivas y coartantes de la libertad y los derechos humanos y laborales de esa población, se ofrezca una legislación en materia laboral para ellos, misma que les procure condiciones de trabajo digno, prestaciones laborales, acceso a las oportunidades de superación y también vías que les permitan denunciar los abusos potenciales de los que pueden ser objeto
bajo la condición irregular en que se encuentran trabajando, para empezar, sin contrato laboral. Exigimos que, en cambio, se regule de una vez por todas esta situación anómala y se extiendan contratos laborales en que queden claramente estipulados los derechos y obligaciones de las partes involucradas, y se puntualice sobre asuntos pertinentes como la duración de sus jornadas laborales (que no excedan las 48 horas por semana) y la obligatoriedad de otorgar todas las prestaciones de ley, incluyendo afiliación al Seguro Social y pago de prima vacacional, entre otras asignaciones sujetas a la obligatoriedad legal pertinente en cualquier relación laboral.

A Fernández Garza le recordamos que cuando tomo posesión de su mandato juró: Cumplir y hacer cumplir la ley… para todos. Pedimos que cumpla con su palabra y, si no puede hacerlo, exigimos que cumpla con la Ley. La auténtica seguridad ciudadana no es posible sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas. Desde la sociedad civil exhortamos para que el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en representación de la clara legalidad a la que aspiran sus ciudadanos, adecúe todos sus programas y políticas
públicas a los más altos estándares de derechos humanos.

Construyamos una sociedad respetuosa e incluyente; unamos nuestras voces y evitemos que este terrible acto de discriminación y criminalización de personas inocentes se lleve a cabo.

FIRMAN

·Alternativas Pacíficas AC· Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) ·
Zihuame Mochilla AC · Procuración de Justicia Étnica AC · Enlace Potosino AC ·
Colectivo Plural de Mujeres · Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León
AC · Agrupación Chiconamel · Alianza Cívica AC · Propuesta Cívica AC Capitulo Nuevo
León · Mazahuas de Arboledas de San Bernabé · Mujeres Unidas Sobre Alternativas
Sociales (M.U.S.AS)· Colectivo La Bola · Pueblo Bicicletero · Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila AC (FUUNDEC) · Comisión de Resistencia Civil
Pacífica en Nuevo León. Equidad Norte Sur. Coordinadora Nacional para Defensa de los
Exbraceros. Tierra y Libertad. Forkados A. C.

C. c. p.
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Mauricio Fernández. Alcalde de San Pedro Garza García

Abril 14 de 2011 en Monterrey, Nuevo León: México.