• Testigo y víctima Julia exige justicia y seguridad
• Reporte del Centro Prodh revela la existencia de órdenes militares inconstitucionales que propician graves violaciones a derechos humanos
• Organizaciones de la sociedad civil respaldan el informe y exigen que la responsabilidad de los mandos militares sea investigada.
2 de julio de 2015
Redacción
En el marco del primer aniversario de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó en sus instalaciones del Distrito Federal el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se exponen los principales rezagos en materia de verdad, justicia y reparación respecto del caso.
El caso de Tlatlaya es emblemático, dijo Mario Patrón Sánchez -director del Centro Prodh-, del incremento en las violaciones a derechos humanos que ha causado el papel de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad del Estado mexicano.
"El hecho de que los militares estén en las calles genera un riesgo en torno a posibles violaciones graves a los derechos humanos", afirmó Patrón Sánchez
Durante la presentación del informe, se enfatizó que éste confirma una vez más la "profunda crisis de derechos humanos que vive México", al documentar órdenes militares inconstitucionales propiciatorias de violaciones a derechos humanos, como la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente involucrado en los hechos, en la que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, instruyó una semanas antes de la masacre a dicho oficial lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
De acuerdo con el Informe del Centro Prodh, dicha orden -obtenida legalmente mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense- obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando. Sobre todo considerando que en el propio expediente el término “abatir” es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana.
"Por eso es que estamos solicitando que más allá de la responsabilidad material de este grupo de 8 militares, se tiene que investigar la responsabilidad institucional y concretamente la cadena de mando vinculado con la responsabilidad de abajo hacia arriba en el Ejército mexicano", dijo el director del Centro Prodh.
Por su parte, Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro Prodh, destacó el uso del concepto "abatir":
"Para el Centro Prodh, después de una minuciosa revisión del expediente, no queda ninguna duda de que, en el contexto del caso Tlatlaya, el concepto 'abatir' fue empleado para significar la privación de la vida humana. Lo decimos con toda contundencia porque en el propio expediente, el primer radiograma en el que el teniente a cargo de la base de operaciones de San Atonio del Rosario informa lo que ocurrió en la bodega, menciona como resultado que fueron abatidos 21 civiles".
Más adelante, Aracely Olivo Portugal, encargada del área de atención del Centro Prodh, habló de la relevancia de las restricciones al fuero militar:
"Hay que decir con mucha contundencia que la restricción al fuero militar no es un capricho de las víctimas de violaciones a DH cometidas por elementos castrenses, y desde luego no es tampoco un capricho de las organizaciones de la sociedad civil: es una obligación del Estado mexicano, una obligación constitucional y convencional, que no se investiguen que no se investiguen ni juzguen los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses en el fuero militar"
El Informe fue construido a partir de la información a la que ha accedido el Centro Prodh al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de la masacre –víctima ella misma de violaciones a sus derechos– identificada en los medios como Julia, quien estuvo presente durante la presentación y en todo momento exigió justicia y seguridad para su persona y sus familiares.
"Tuvo el valor y gracias a sus testimonio por más de 6 horas ante la PGR se pudieron constituir las primeras acusaciones en contra de elementos militares", señaló Patrón Sánchez al mencionar la importancia de testimonio de Julia.
La principal testigo de los hechos reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años privada de la vida en los hechos, quien no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella. De igual forma, Julia señaló que al difundirse públicamente con falsedad que ella habría recibido una reparación millonaria, se le ha puesto en un peligro inminente por lo que responsabilizó al Gobierno Federal de cualquier atentado contra su persona.
El Informe presentado contiene cinco apartados: primero, Justicia incompleta y ausencia de verdad, donde se refieren las razones que impiden tener el caso por resuelto, como las significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales; segundo, Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, donde con pruebas documentales se comprueba la existencia de órdenes castrenses que propiciaron graves violaciones a derechos humanos en Tlatlaya; tercero, Indebida extensión del fuero militar, donde se señala cómo Tlatla ya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar; cuarto, Revictimización, donde se alude a la ausencia de un trato digno para las víctimas; y, quinto, un apartado de Recomendaciones, en el que el Centro Prodh propone una ruta para revertir la impunidad y generar verdaderas garantías de no repetición.
En la presentación del Informe también estuvieron presentes Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); Darío Ramírez, director de Artículo 19 México; José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (MDPDH); Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba), Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Aideé Pérez, directora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD).
En la presentación del Informe también estuvieron presentes Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); Darío Ramírez, director de Artículo 19 México; José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (MDPDH); Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba), Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Aideé Pérez, directora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD).
Entre las acciones que ya emprendió el Centro Prodh, basado en las recomendaciones del Informe, destacaron las siguientes:
- La solicitud ante la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Ministerio Público que lleva la investigación de Tlatlaya cite a la cadena de mando a comparecer y declarar sobre los hechos y que expliquen la orden de operación. Que se determine la responsabilidad institucional del ejército en el caso.
- Este mismo jueves el Centro Prodh presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un escrito donde solicitan que emita medidas cautelares para el efecto de que notifique a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en donde se evite que se sigan girando y emitiendo ordenes de operación parecidas a la de Tlatlaya, porque son un incentivo para que se comentan graves violaciones de derechos humanos.
- Desde el 1º de julio el Centro Prodh solicitó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que con base en el Informe evalúe la oportunidad de instruir una investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad en México.
- La organización de derechos humanos también pidió a la Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU que emita llamamiento urgente sobre este caso para evitar que se sigan emitiendo órdenes que permitan la consignación de ejecuciones extra judiciales.
- Para efectos del caso de Tlatlaya y determinar la dimensión de los hechos, solicitaron con base en los principios par ala eficaz prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales de la ONU que se cree una comisión 'ad hoc' de expertos institucionales e independientes que puedan determinar con toda exactitud cuántas personas fueron ejecutadas en Tlatlaya, ya que al día de hoy la PGR consigna 8 personas ejecutadas y la CNDH dice que fueron de 12 a 15 personas ejecutadas.
Por su parte, la tarde de este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado Mexicano "otorgar medidas cautelares para uno de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Apatzingán, ocurrida la mañana del 6 de enero de 2015, debido a la persecución que dice sufre su persona y su familia por parte de la Policía Federal (PF) y de miembros del cártel de los Caballeros Templarios, ante la nula protección del gobierno mexicano", según informa el portal de Aristegui Noticias.
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Te compartimos el Informe completo:
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